1.338 casos de inatenciones sanitarias en la Comunitat Valenciana

• Exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud.
• El Programa Valenciano de protección de la salud benefició en dos años a 4.680 personas y la nueva ley autonómica en un mes a 2.214
• El DL 3/2015 no aborda algunas situaciones que pueden ser casa de exclusión sanitaria

Hemos difundido nuestro Undécimo Informe coincidiendo con los 3 años de implantación del Real Decreto ley 16/2012. Dos años después del ineficaz Programa Valenciano de Protección de la Salud y un mes después de que el Consell de la Generalitat Valenciana aprobara el Decreto Ley 3/2015 que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat seguimos exigiendo la derogación del Real Decreto de exclusión sanitaria que es el origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud.

En el 11 Informe se valora muy positivamente la aprobación del DL 3/2015 y el compromiso del nuevo gobierno de exigir la derogación del RDL 16/2015. Aún así, y pese a que en las disposiciones adicionales se prevén procedimientos especiales para solucionar la carencia de alguna documentación y el estudio de la gratuidad temporal en algunas circunstancias, la nueva ley autonómica no aborda algunas situaciones que pueden ser origen de casos de exclusión:

• la imposibilidad del acceso a la asistencia sanitaria de los ascendientes que, pese a no encontrarse en situación irregular, tampoco son reconocidos como asegurados-beneficiarios por el INSS.
• personas que pueden haber vivido durante años en España, deben justificar un periodo de empadronamiento mínimo de tres meses en la Comunitat Valenciana. 
• se mantiene la exigencia de un documento que acredite la imposibilidad de importar a España el derecho a la asistencia sanitaria, a los naturales o residentes de países miembros de la UE o con convenios bilaterales. A menudo la obtención de ese documento está dificultada o imposibilitada por causas administrativas, geográficas y económicas. Hemos constatado multitud de casos en los que, como consecuencia, las personas procedentes de esos países se encuentran en una situación aun más desfavorable que las procedentes de otras zonas del mundo.

El registro de incidencias de Odusalud se inició en noviembre de 2012. En estos casi 3 años nuestros datos son:

• 1.338 notificaciones o incidencias
• 144 casos de menores desatendidos
• de las 78.000 personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria, sólo un 8% solicitó su inclusión en el Programa Valenciano de Protección de la Salud. 
• En dos años, sólo el 6% de los posibles beneficiarios accedió al programa, 4.680 según comunicó la Conselleria en abril de 2015. 
• Sin embargo, la nueva ley autonómica, ha beneficiado ya a 2.214 personas. 

Pocas semanas después de publicarse el Decreto Ley 3/2015 del Consell es aun pronto para evaluar su alcance, su aplicabilidad y la efectividad de los procedimientos o circuitos establecidos para su aplicación. Por supuesto también es pronto para medir su impacto, el directo sobre la exclusión sanitaria y el indirecto sobre la salud individual y colectiva de los grupos de población excluidos y del conjunto de la población. También es necesaria una colaboración decidida de otras instancias, como los ayuntamientos recién constituidos y los servicios sociales de cualquier nivel, para detectar activamente bolsas de exclusión sanitaria, así como para facilitar e informar sobre los trámites y la documentación exigida para acceder al derecho efectivo a la asistencia sanitaria.

Como afirmamos en el informe, el Observatorio mantendrá la notificación de vulneraciones del derecho  universal a la atención sanitaria en la Comunitat así como su compromiso de informar a la Sociedad Civil y sus instituciones de las consecuencias del mismo.

1.252 inatenciones sanitarias en 3 años de Real Decreto

Hoy hemos hecho público el décimo informe coincidiendo con el 3er aniversario de la publicación del Real decreto 16/2012, a un mes de las elecciones y 24 días después de que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunciara la reforma de dicho decreto.

En cuanto a la propuesta anunciada por el ministro Alonso para atender a las personas sin tarjeta sanitaria, destacamos su escasa definición y su carácter aun más restrictivo. En estos 19 meses de vigencia, sólo han sido admitidas el 6% de las 78.000 personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria y, con ello, el derecho universal a la salud. Si extrapolamos el resultado obtenido por el Programa Valenciano de protección de la Salud a los datos del conjunto del estado los planes del Ministerio sólo beneficiarían alrededor de 52.400 personas de las 873.000 a las que se retiró su tarjeta sanitaria.

Para el Observatorio es muy preocupante que, lejos de disminuir, siguen aumentando los casos de menores no atendidos. Si en el Noveno Informe denunciábamos 22 incidencias (de mayo a noviembre de 2014), en éste se han registrado 41 en un período mucho menor (de noviembre de 2014 a abril de 2015). En total, desde que entró en funcionamiento el registro, se han contabilizado 135 casos de menores.

Ante la cercanía de las próximas elecciones, proponemos, al Gobierno de la Generalitat Valenciana, el actual y el que salga de las urnas, que:

1. ponga en marcha acciones que garanticen el acceso de todas las personas a los servicios sanitarios públicos. Que elimine las barreras administrativas, como los compromisos de pago por la asistencia prestada en estos servicios.
2. aplique una solución definitiva al grave problema de los menores a quien se niega o limita el derecho a la asistencia sanitaria.
3. haga efectiva la transparencia en los datos relacionados con la población a la que se garantiza o no su derecho a la asistencia sanitaria y su acceso a la misma. 
4. emprenda las acciones necesarias para paliar las consecuencias sobre las personas afectadas por la exclusión sanitaria, así como todas aquellas en el ámbito de su competencia e influencia para reconocer, promover e impulsar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y la derogación del RDL 16/2012.

A los ayuntamientos, que pongan en marcha mecanismos que faciliten el empadronamiento de todas las personas que habitan en su municipio, eliminando barreras administrativas y burocráticas que dificulten el ejercicio de los derechos de sus habitantes

Día de los Derechos Humanos, recordamos el artículo 25 de la Declaración Universal

Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos para recordar que el respeto a los derechos básicos e inalienables de todas y cada una de las personas es el ideal común al que aspiran todas las naciones y pueblos del mundo.

El lema de este año, «Derechos Humanos, 365 días al año», subraya que cada fecha del calendario es un Día de los Derechos Humanos; que nos pertenecen a todos por igual, en todo momento.

En ODUSALUD reivindicamos cada día el Derecho Universal a la Salud, el artículo 25 de la declaración que dice:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Es uno de los pilares del marco jurídico en el que se asientan nuestras reivindicaciones y denuncias, junto a la Constitución española o los derechos del niño y a los que recurrimos para seguir denunciando que el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones es una reforma que atenta contra estas normas y que, en el caso de la Comunitat Valenciana está ocasionando que a las personas más vulnerables les sea negada la asistencia sanitaria, entre ellas, menores, mujeres embarazadas o enfermos crónicos como hemos recogido en nuestros informes de incidencias. 

La Conselleria dice que no le consta que haya personas no atendidas

Tras la difusión del Noveno Informe del Observatorio, la Conselleria de Sanitat ha afirmado -aquí lo que difundió Europa Press- que "no tiene constancia de los casos denunciados, por lo que no es posible cotejar la veracidad de dicho dato". También afirma que ha mantenido contacto en reiteradas ocasiones con Odusalud para ofrecer "nuestra más estrecha colaboración, solicitándoles de forma expresa que ante cualquier reclamación que detecte sobre atenciones a extranjeros nos la comuniquen, para poder dar inmediata solución a cada una".

Para las entidades adheridas a ODUSALUD, 74 en estos momentos, la obligación de la Conselleria es garantizar a través de los centros sanitarios de financiación pública la asistencia sanitaria de los ciudadanos y las ciudadanas. En su doble vertiente de proveedor de servicios sanitarios y de autoridad sanitaria, también tiene el deber de verificar el cumplimiento de este derecho, así como estudiar y remediar las consecuencias que tiene la exclusión sanitaria sobre la salud de las personas.

La Conselleria no ha puesto en marcha ni una sola medida activa o pasiva para cuantificar la exclusión sanitaria, para determinar las situaciones de incumplimiento de la normativa vigente o para conocer los grupos a los que afecta. No ha tenido ningún interés en conocer el impacto que tiene la exclusión sanitaria sobre la salud de las personas. Pese a que el Programa Valenciano de Salud es una iniciativa de la propia Conselleria, tampoco ha impulsado su conocimiento y su difusión dentro o fuera de los centros sanitarios y así facilitar su aplicación.

Ha sido la sociedad civil, con iniciativas como ODUSALUD, quien ha puesto en pie estas medidas. Tanto para conocer y dar a conocer, incluso a la propia Conselleria, la magnitud y las consecuencias de la exclusión sanitaria, como para difundir el conocimiento sobre el Programa Valenciano de Protección a la Salud y mejorar su aplicación.

Al incumplir sus obligaciones en todos estos aspectos, entendemos que, la Conselleria está desautorizada para negar la evidencia de una exclusión sanitaria a la que ha vuelto la espalda y de cuyas consecuencias se ha desentendido.

Dos años de informes, mil notificaciones

Hemos publicado ya nuestro Noveno Informe realizado dos años después de la publicación del primero. En este caso, cuanto más alta es la cifra mayor es nuestra preocupación y más insistente nuestra denuncia. Es evidente que el Real Decreto fue una medida de exclusión sanitaria de población vulnerable y que el Programa Valenciano de Protección de la Salud -PVPS- sólo ha sido un mal parche.

En estos dos años la Conselleria de Sanitat no ha hecho ningún esfuerzo por dar a conocer el impacto de la exclusión sanitaria en la salud de los ciudadanos y evita informar -a su propio personal y a la ciudadanía- sobre el Programa Valenciano de Protección a la Salud, quizás para esconder sus propios límites y escaso alcance.

El noveno informe registra registra una media mensual de 43 notificaciones, de él se desprende que:

• Se han recibido 1004 notificaciones. El incremento se justifica por la mayor participación de las entidades y la escasa difusión que está teniendo el PVPS (Programa Valenciano de Protección a la Salud).
• Se han recogido 94 casos de menores desatendidos en centros sanitarios públicos, el 10%, pese a que la normativa vigente mantiene el derecho a la asistencia sanitaria para los menores de edad. 
• El 21,8% de los casos los produce la hoja de requerimiento de información origen de la posible facturación.
• Un 17,9% es por la falta de acceso al tratamiento por razones económicas.
• Más de la mitad de los casos, 56,3%, corresponden a personas que no superan la barrera administrativa, no llegan a ser atendidos directamente por personal sanitario.
• Una de cada cuatro personas afectadas es ciudadano/a de la Unión Europea, mayoritariamente procedentes de Rumanía.
• La exigencia de firma de un documento en el que se informa del coste de la visita previo a la asistencia y la facturación, sigue siendo un elemento disuasorio para algunos pacientes. Especialmente para quienes tramitan su permiso de residencia temporal. Su consecuencia es la autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria. Se trata de un fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar.

Para los integrantes del Observatorio –74 entidades de la sociedad civil valenciana– las consecuencias del Real Decreto que reformó el acceso al Sistema Nacional de Salud son:

1. Exclusión sanitaria. De las 78.000 personas a quienes se retiró la tarjeta sanitaria en 2012, sólo 3.500 han recuperado su derecho a la asistencia sanitaria a través de Programa Valenciano de Protección de la Salud según el comunicado de la propia Conselleria el 23 de agosto. 
2. Se siguen registrando casos de niños, mujeres embarazadas, ciudadanos comunitarios... a pesar de que el Real decreto mantenía el derecho a la asistencia. 
3. Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana excluidos de este derecho se han visto privados de diagnósticos, tratamientos y cuidados adecuados o incluso imprescindibles para su supervivencia, su curación o el mantenimiento de su calidad de vida. 
4. La ausencia de información claramente comunicada en diferentes territorios e instituciones han propiciado variabilidad de interpretación de la normativa actual por parte de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud. Esta deliberada falta de información de las autoridades sanitarias ha generado que las personas afectadas optaran por alejarse del sistema sanitario, ante la sospecha de que se denegaría su asistencia o que se les facturaría en caso de que se les prestara. Esta situación ha impedido la continuidad de la asistencia y la prescripción de medicación en casos de enfermedades graves o con riesgo desde el punto de vista de la salud pública.    

Publicado el 6º Informe del Observatorio

En la sección  "Nuestros Informes" ya está disponible el 6º Informe de registros de casos de vulneración del derecho a la Salud. En él se recopila la información del total de casos durante 2013, que fueron presentados en la 2ª Reunión de Entidades adheridas el pasado día 21 de enero.