julio 28, 2015

Pedimos al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal


De cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra mañana 29 de julio

Junto a Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC y Sespas pedimos a las autoridades acuerdos urgentes para reformar la legislación

Seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará mañana 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC, Sespas y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines -que contienen el listado de recomendaciones internacionales- al Ministro y a los y las representantes de las Consejerías de sanidad autonómicas participantes en la reunión.


Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.


Exigimos medidas definitivas, no parches
En las últimas semanas, tres autonomías -Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares- han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o comunidades como Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del Ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al Ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el RDL 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.



Información adicional
Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal

julio 19, 2015

Valoración del Acuerdo de Atención Sanitaria Universal anunciado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

ODUSALUD se constituyo con el objetivo de “velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular, sin recursos económicos o personas vulnerables”.

En consecuencia, desde ODUSALUD consideramos muy positivo el anuncio hecho por la consellera Carmen Montón el pasado jueves 16 de julio, en el sentido de “extender el acceso al sistema sanitario de los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana” de modo inmediato, así como su intención de presentar “al Consell una norma que plasmará y detallará el contenido de la medida”.

Algunos de los aspectos ya adelantados por la Conselleria para la aplicación de esta medida, como la asignación de médico de familia, el acceso a la atención especializada, el cuidado de la continuidad asistencial, y la cobertura de la prestación farmacéutica y ortoprotésica, apuntan en la dirección adecuada para limitar la exclusión y la inequidad.

También valoramos como extraordinariamente importante el compromiso de la consellera de continuar “el trabajo y la reivindicación para conseguir que el derecho a la universalidad sea reconocido en España con las máximas garantías legales” y “defender esta postura ante el Gobierno de España en el próximo Consejo Interterritorial”. Una línea de trabajo que se dirige acertadamente al ámbito y la raíz de la exclusión sanitaria producida por el RDL 16/2012.

Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado los fallos de la administración y los servicios sanitarios en la aplicación del Programa Valenciano de Protección a la Salud puesto en marcha ahora hace 2 años. Fallos que impidieron al Programa alcanzar sus propios objetivos, que, aunque limitados, hubieran permitido al menos evitar la exclusión sanitaria de miles de personas, y que no evitaron la persistencia de compromisos de pago o exigencia de facturas injustas, cuyos efectos negativos producidos exigimos sean restituidos.

Por ese motivo, de la administración entrante esperamos, además de las intenciones ya expresadas, una decidida voluntad política para aplicarlas, todo el empeño en resolver los problemas de procedimiento que puedan presentarse en su aplicación y mecanismos activos para la detección de estos problemas y de sus consecuencias para las personas afectadas.

Entretanto, ODUSALUD mantendrá activo su registro de casos con la finalidad de confirmar la garantía del ejercicio efectivo del derecho a la asistencia sanitaria y la posible persistencia de situaciones y prácticas que puedan mantener a personas y grupos en situación de exclusión sanitaria.

De las instrucciones anunciadas para la próxima semana y la forma de aplicar dicho acuerdo,  esperamos que minimicen la burocracia y promuevan un funcionamiento más humanizado, para evitar la prolongación del sufrimiento de las personas más vulnerables que por la aplicación del RDL 16/2012 en nuestra Comunidad Autónoma, no han tenido posibilidad de acceso a un derecho fundamental como es el de la Protección de la Salud.

julio 06, 2015

Charla sobre salud y el sistema sanitario en YMCA

El Programa de atención integral de la población inmigrante del Barrio de Aiora nos ha invitado a participar en una charla junto a los compañeros y compañeras de la asociación valenciana de usuarios de la sanidad.

El próximo 9 de julio en la sede de YMCA, calle Duc de Gaeta, 18 bajo.