junio 22, 2018

La sociedad civil, primera reunión con la ministra de Sanidad


El pasado miércoles 20 de junio, nuestra plataforma ODUSALUD, como miembro de REDER, participó en la primera reunión convocada por la ministra de Sanidad para iniciar el proceso de acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

A continuación os pasamos el comunicado que ha publicado hoy la plataforma REDER en relación a esta reunión:

COMUNICADO REDER

La sociedad civil, satisfecha tras su primera reunión con la ministra de Sanidad.
Las organizaciones integradas en REDER plantearon sus recomendaciones para que la nueva normativa garantice la cobertura sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas que viven en España.

MADRID, 22 DE JUNIO DE 2018. “Esperanzador y muy positivo”. Así calificamos desde la plataforma REDER la reunión que han mantenido esta semana sus representantes con la ministra de Sanidad, junto a otras entidades como Amnistía Internacional, Yo Sí Sanidad Universal o los sindicatos mayoritarios. El objetivo del encuentro era comenzar el proceso de retorno a la sanidad universal en España, empezando así a hacer realidad el anuncio del último Consejo de Ministras y Ministros.

Las entidades valoran especialmente que desde el Gobierno se cuente con la sociedad civil en la elaboración y seguimiento de la nueva política sanitaria. La ministra escuchó de manera muy abierta las recomendaciones planteadas y se comprometió a intentar incorporarlas en la nueva normativa.
Muy destacable es también la concepción de la salud como derecho humano fundamental a la que se adhiere la máxima responsable en esta área. De hecho, Carmen Montón anunció estar dispuesta a cambiar “todo lo que haga falta” para garantizar este derecho.

Al contrario de lo que supuso el RDL 16/2012 – impuesto por el Gobierno del PP sin consultar y contra el criterio de la sociedad civil – la elaboración de la nueva política sanitaria ha comenzado contando con la participación de aquellas organizaciones que hemos estado plantando cara a la exclusión sanitaria desde el primer momento y que conocemos de primera mano cuales han sido sus devastadores efectos, gracias a nuestro trabajo directo con personas en situación de vulnerabilidad.
También hemos sufrido su consecuencias perversas, en términos de fragmentación del Sistema Nacional de Salud, de la arbitrariedad y discrecionalidad de su aplicación y de las distorsiones generadas tanto dentro del propio sistema de salud como en toda la sociedad. La ministra reconoció y agradeció este papel a las organizaciones presentes.

Desde REDER manifestamos nuestra disposición a continuar colaborando con el Ministerio, a quien ya hemos trasladado nuestras recomendaciones, que se concretan en:

  • Recuperar la noción de la salud como un derecho inalienable de todas las personas, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o situación administrativa. Para ello reclamamos la eliminación de las figuras de asegurado y beneficiario. Desde REDER queremos recordar que si bien las personas en situación irregular fueron las principales víctimas de la injusticia perpetrada en 2012, no han sido las únicas. Colectivos como las familiares ascendientes que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar, o personas de nacionalidad comunitaria y bajos recursos han sufrido también los efectos de la exclusión sanitaria y no pueden quedarse fuera de la nueva cobertura sanitaria.
  • El objetivo primordial de la nueva norma debe ser evitar que nadie se quede al margen del sistema. Por tanto, debe garantizarse que ningún requisito administrativo que se exija acabe suponiendo una barrera insalvable para acceder a la asistencia sanitaria.
  • Deben revisarse los copagos introducidos en 2012 así como la exclusión de más de 400 medicamentos de la financiación pública que afecta de forma desproporcionada a las personas más vulnerables.
  • La nueva normativa debe venir acompañada de campañas formativas al personal administrativo y sanitario para una correcta aplicación de la misma. La ministra ha coincidido con esta necesidad, porque “es necesario ganar la batalla de la demagogia”.
  • También son necesarias campañas divulgativas a la sociedad en general, orientadas a mejorar la comprensión de nuestro Sistema Nacional de Salud, sus características y bondades en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Garantizar la universalidad del derecho a la atención sanitaria es una medida que cuenta con el apoyo de las comunidades autónomas. De hecho, la mayoría de ellas legislaron para sortear la aplicación del RD16/2012 y atender a la población excluida. También cuenta con el respaldo de la mayoría de los partidos con representación -salvo PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias-, que en 2017 firmaron un Pacto, junto con más de 70 organizaciones, para devolver el derecho universal a la atención sanitaria y defender el Sistema Público de Salud.

La exclusión sanitaria ha sido además condenada de forma reiterada por diversos organismos de derechos humanos, por ser contrario a las obligaciones internacionales de España. Así lo ha manifestado recientemente el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Por tanto, una vez sea aprobado el nuevo RDL anunciado por el Gobierno, también supondrá la vuelta de España a la legalidad internacional, algo que las organizaciones de REDER consideremos fundamental.

Por último, no podemos dejar de reivindicar el papel ejercido por la sociedad civil durante estos seis años y sin la cual no se puede entender este momento. Desde profesionales del sector sanitario que ejercieron de forma valiente la objeción de conciencia y siguieron atendiendo a todas las personas sin distinción, a todas las personas y organizaciones que se movilizaron para tejer redes de apoyo y acompañamiento para que nadie se quedara sin asistencia sanitaria. El trabajo incansable de denuncia de la injusticia generada por el RDL 16/2012 – a través de informes, acciones de calle y trabajo con responsables políticos – ha permitido mantener la cuestión en agenda y fortalecer los argumentos sobre los que ahora se sustenta este cambio. A todas ellas nuestro agradecimiento y enhorabuena.

junio 07, 2018

Es la hora de la sanidad universal


COMUNICADO DESDE REDER
(RED DE DENUNCIA Y RESISTENCIA AL
RD 16/2012)

Desde ODUSALUD queremos compartir con todas la entidades el comunicado en el que hemos participado como miembros de REDER en relación al nombramiento de la nueva Ministra de Sanidad.




Es la hora de la sanidad universal

La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.


Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que  tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla
Amnistía Internacional
Apoyo Positivo
ARI-PERU
Asociación Camino de Fe y Esperanza
Asociación "El Pueblo que queremos"
Asociación de Enfermería Comunitaria
Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación Sociocultural Entre Mares
CALCSICOVA
Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)
Comisiones Obreras (CCOO)
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)
Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
Foro Galego de Inmigración
Fundación BACHUE
Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)
Médicos del Mundo
Medicusmundi
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)
Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria
Red Acoge
Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)
Red Transnacional de Mujeres
Salud por Derecho
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Trabajando en Positivo
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Sindical Obrera (USO)

mayo 02, 2018

ODUSALUD preocupada por la nueva composición del Consejo Asesor de Sanidad


Tras la publicación en el BOE de la nueva composición del Consejo Asesor de Sanidad, (Orden SSI/119/2018, de 13 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vicepresidente, secretaria y vocales del Consejo Asesor de Sanidad). 

ODUSALUD muestra su preocupación, sumándose a las manifestaciones ya realizadas por otras organizaciones del ámbito de la Sanidad. Nuestra inquietud se basa en los siguientes hechos:

  • entre los 21 nuevos miembros de sus 42, destaca la  fuerte presencia representantes de la industria sanitaria privada y colegios profesionales, cuyos intereses pueden entrar en contradicción con el sistema de asistencia sanitaria pública;
  • ausencia de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la Salud Pública que contrasta con la amplia representación de sectores empresariales;
  • falta de paridad entre los miembros del nuevo Consejo, pese a que el ministerio integra los servicios sociales y la igualdad. El 73% de sus miembros son hombres, hecho que puede generar importantes sesgos en los informes que se elaboren por parte del citado Consejo.

Por ello, nos sumamos a la petición de revisar y modificar la composición de este Consejo Asesor, asegurando la incorporación de referentes de Salud Pública que puedan aportar la necesaria visión, opinión y consejo en temas de tanta trascendencia social y profesional. Asimismo, solicitamos que se incluyan criterios de paridad a la hora de decidir la composición del consejo.

abril 20, 2018

El Triste Aniversario

Con motivo del Día Mundial de la Salud y en estas fechas en que la OMS lanza una campaña por la Cobertura sanitaria Universal; cuando diversos organismos ponen énfasis en el cumplimiento de los ODS, no podemos dejar de lamentar el triste aniversario de los 6 años  de la puesta en marcha por el Gobierno del estado español, del RDL 16/ 2012; el cual ha excluido del sistema sanitario público a casi un millón de personas, en su mayoría por motivos administrativos.

Este decreto y sus decretos subsiguientes han supuesto además el recorte de prestaciones sanitarias para la población general, como las orto protésicas,  acceso a medicación y otros que; como siempre; afectan más a población con menos recursos, independientemente de su origen. Los motivos económicos, esgrimidos por el gobierno y nunca probados, enmascararon entonces motivos ideológicos; desapareciendo el  concepto de derecho para ser sustituido por criterios burocráticos y mercantilistas que, insisto, no han sido demostrados con estudios;  aderezando la reforma  además con mensajes a la población con tintes racistas- como poco-  y que tuvieron su nicho y su efecto en la población general.  Este decreto, fue enmarcado dentro de las políticas de austeridad que comprendieron además disminución muy  importante  de las prestaciones sociales; o políticas drásticas relacionadas con el empleo-o más bien el desempleo- o con la vivienda- o la falta de la misma; ha abocado a la población más vulnerable a una situación de verdadera catástrofe, con un aumento de las desigualdades no visto desde hace años en nuestro país.

Ante esta vulneración del derecho a la salud,  vista así por parte de la sociedad y también de administraciones locales, hubo un movimiento de repulsa social del que surgieron las varias plataformas por el derecho universal a la salud, intentando paliar la situación mediante denuncia de vulneraciones en salud, emisión de informes y acciones por la defensa del derecho a la salud.

Asimismo, la mayoría de comunidades autónomas pusieron en marcha normas autonómicas; algunas con rango de decreto y otras como instrucciones. Prácticamente todas ellas han sido ilegalizadas por el gobierno del estado español, que  ha utilizado el peso pesado del aparataje judicial – en forma de Tribunal Constitucional- para derogar la práctica totalidad de las  normas autonómicas ; con la base judicial de acotar el tipo de prestaciones considerando estas una competencia estatal, y  de manera totalmente intencionada,  para  realizar una recentralización de las competencias en sanidad,  recortando  las  competencias de las comunidades autónomas.

No ha sido impedimento para el gobierno que la mayoría de organismos de Derechos Humanos (Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, grupo de la OMS  de expertos en africanos y afrodescendientes, Comité europeo contra el racismo y la intolerancia) haya  considerado la medida como regresiva, grave, no justificada bajo criterios económicos, carente de ética  y que afecta a un amplio grupo poblacional; siendo además peligrosa para la población bajo criterios de Salud Pública. El gobierno  continúa manifestando su intención de no derogar o modificar el RDL.

Es la población migrante ha sufrido de forma más aguda este aumento de las desigualdades; agravado por las políticas migratorias y por las ingentes dificultades para su regularización, autentica forma de violencia “burocrática”. Una consecuencia indirecta de toda esta situación y una auténtica catástrofe ha supuesto la muerte de Mbama Mbaye, inmigrante senegalés cuya situación administrativa no estaba regularizada a pesar de llevar 14 años en nuestro país, superviviente y finalmente víctima de todas las vulneraciones.

Y en este contexto de exclusión y desigualdad social el estado no solamente apuesta por excluir de la sanidad pública a un porcentaje de la población, que también  contribuye a pagarla (con sus impuestos indirectos, ya que así es como se financia la sanidad pública del SNS español ); sino que también está realizando una clara apuesta por el fomento de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública; en los últimos presupuestos generales del estado el porcentaje a invertir en Sanidad es del 5,8 del PIB; siendo el más bajo de los últimos años ( en 2011 era del 9,5%) ; combinado esto con un aumento de la inversión en la sanidad privada. Como muestra destaca la reciente composición del nuevo Consejo Asesor de Sanidad de la  ministra Dolors Montserrat en la que predominan los miembros procedentes del sector privado, en detrimento de los procedentes de los estamentos públicos; y a pesar de que estos nombramientos han supuesto el enérgico rechazo de asociaciones científicas como SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública) o Marea Blanca ( (Montserrat se ha “ fichado un lobby empresarial privado de farmacéuticas y hospitales privados”)

No tenemos, pues, motivos para la alegría y si, en cambio, para continuar la lucha contra el RDL / vulneraciones de derechos; con todos los medios de que disponemos como sociedad civil; estos también recortados a golpe de reales decretos y de tribunales. Desde el Observatorio  en defensa del derecho a la salud  (ODUSALUD) no dejaremos de hacerlo.

Comisión Permanente Odusalud

diciembre 20, 2017

Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

COMUNICADO

Las 89 entidades que componemos el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud ODUSALUD rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud (Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III)).

Asimismo, denunciamos que dicha sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública. En este sentido, ODUSALUD opina que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional se autocontradice con la sentencia provisional de marzo de 2016 en la que dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Del mismo modo, cuando anula la normativa sobre copago y prestaciones ortoprotésicas, la Sentencia restringe derechos de colectivos más desfavorecidos como los pensionistas o personas que no han podido llegar a cotizar, independientemente de su origen o procedencia.


En el ámbito político, la sentencia restringe a las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo de
sus competencias impidiendo que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a las CCAA que han protegido el derecho a la salud de todas las personas.

ODUSALUD declara que la priorización del Real Decreto 16/2012 no es garantía de un ahorro económico para las administraciones públicas, ya que en ningún caso ha sido evaluado y demostrado públicamente. En cambio, si puede afirmar que su aplicación supuso la exclusión sanitaria de un total de 1.338 personas (según 11º Informe ODUSALUD), generando un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunidad Valenciana.

Odusalud insta a los partidos políticos que firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública a todas las personas que viven en España, a que se involucren en el rechazo del RD 16/2012.