septiembre 29, 2017

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en contra de la devolución del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras


Una sentencia del TSJIB ha anulado la Instrucción del director general del Servicio de Salud de las IB de 17 de julio de 2015 que establecía los trámites para garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes.

El TSJIB estima que las razones humanitarias "no pueden justificar ni permitir el quebrantamiento de la legalidad, que reconoce únicamente al Estado y no a las comunidades autónomas la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud".

Igualmente apoya su posición en "un claro quebrantamiento del principio de jerarquía normativa" establecida por el articulo 9.3 de la Constitución, que prohíbe que las disposiciones de inferior rango contradigan las de nivel superior.

El Govern de les Illes Balears ha comunicado la presentación inmediata de un recurso contra esta sentencia y el mantenimiento de los efectos de la Instrucción anulada, hasta que la sentencia no se haga firme.

Igualmente se une al llamamiento que hacen otros gobiernos autonómicos, partidos políticos y numerosas entidades de la sociedad civil, como las adheridas a REDER y ODUSALUD, para que el Gobierno de España derogue el RDL 16/2012 como causa de la exclusión sanitaria.

La instrucción ahora anulada se publicó inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo gobierno balear en línea con las medidas tomadas por otros gobiernos autonómicos para contrarrestar la exclusión sanitaria que estableció tres años antes el RDL 16/2012 en el conjunto del estado.

El Gobierno de España puso en marcha iniciativas judiciales parecidas contra todas estas normativas autonómicas dirigidas a restablecer el derecho universal a la asistencia sanitaria. Algunas de ellas, como el Decret Llei 3/2015 del Govern Valencià, están pendientes de decisiones de diferentes órganos judiciales como el Tribunal Constitucional.

septiembre 22, 2017

La Salud es un derecho. Trabajemos para garantizarlo


Con este lema, el pasado 14 de septiembre, ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en situación irregular.

Durante la concentración, el grupo de Sensibilización y Formación de ODUSalud, realizó una Performance, para responder a los mitos que se han ido extendiendo en los últimos años con respecto al derecho de acceso a la sanidad.

Este es el texto del Manifiesto leído en el acto:

"Como todos los años este mes de septiembre nos reunimos para recordar que hace cinco años se publicó el RDL 16/2012, bien conocido como el Decreto de la Exclusión Social.  Este Decreto que reformaba los servicios de salud públicos, dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunidad Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado español, excluyéndolos totalmente de Sistema Nacional de Salud, según datos ofrecidos por el Gobierno. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, exponiéndoles a una situación de total vulnerabilidad.

Desde la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants denunciamos que dicho R.D.L. vulnera  directamente el derecho a la salud, un derecho universal vinculado al derecho a la vida y  la integridad física reconocidos en los tratados y recomendaciones internacionales de los mecanismos regionales e internacionales de los derechos humanos. Recordamos que el Consejo de Europa calificó esta reforma sanitaria “contraria al principio de no discriminación”.

Las organizaciones sociales que formamos la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants, los profesionales socio-sanitarios y las 86 entidades que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana hemos denunciado y testimoniado  todas las situaciones de vulneración del derecho a la Salud que se han producido y siguen produciéndose en nuestra Comunidad.

Dentro de estas vulneraciones son especialmente graves las que se producen por falta de atención a mujeres embarazadas, niñas y niños; atenciones, que según el propio decreto tienen garantizada la cobertura sanitaria.

En la atención en urgencias,  también garantizada en el propio real decreto, se han producido denegaciones de asistencia poniendo en riesgo la vida de estas personas.

En nuestra Comunidad autónoma, con la entrada del nuevo Gobierno en el año 2015, se iniciaron acciones encaminadas a la recuperación del acceso a la sanidad universal, pública y gratuita. No obstante, mientras exista esta legislación en vigor en todo el territorio español el derecho a la salud sigue sin estar garantizado.

Por ello exigimos al Gobierno Autonómico que aumente su esfuerzo para aplicar en todos los casos su propia normativa en este campo y  la máxima implicación para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.

Mientras exista una legislación estatal que permita, avale y defienda la exclusión del acceso al derecho a la salud, alegando la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud, sin aportar ni un solo análisis detallado y ponderado, las organizaciones que componemos la mesa no dejaremos de  denunciar la ilegitimidad de la aplicación de dicha ley. Mantenemos nuestro compromiso por conseguir una Sanidad Universal, pública y gratuita en España para todas las personas.

¡NO AL DECRETO ESTATAL DE LA EXCLUSIÓN!

-Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants-

septiembre 12, 2017

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lo avalan

 

Los grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto


Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.

Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.

“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.

Cinco años de RDL 16/2012

En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio.

Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.

Firmantes del Pacto
El “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).

Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.

septiembre 11, 2017

Concentración por la derogación del Decreto de Exclusión Sanitaria


Como en años anteriores, este mes de septiembre nos volvemos a reunir para recordar que hace 5 años se publicó el RDL 16/2012, que dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunitat Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado Español. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, exponiéndolas a una situación de total vulnerabilidad.

Nos unimos a la Mesa d'Entitas amb els inmigrants y denunciamos que dicho R.D.L. vulnera directamente el derecho a la salud. Por eso invitamos a todas las personas que viven en la ciudad de València a sumarse a la concentración para reclamar la anulación de este decreto que genera un apartheid sanitario y pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables.

Te esperamos este jueves 14 de septiembre a las 19 h en la Plaza de la Virgen para gritar que la "SALUD ES UN DERECHO".