Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

COMUNICADO: 

Las 89 entidades que componemos el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud ODUSALUD rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud (Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III)).

Asimismo, denunciamos que dicha sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública. En este sentido, ODUSALUD opina que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional se autocontradice con la sentencia provisional de marzo de 2016 en la que dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Del mismo modo, cuando anula la normativa sobre copago y prestaciones ortoprotésicas, la Sentencia restringe derechos de colectivos más desfavorecidos como los pensionistas o personas que no han podido llegar a cotizar, independientemente de su origen o procedencia.


En el ámbito político, la sentencia restringe a las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo de
sus competencias impidiendo que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a las CCAA que han protegido el derecho a la salud de todas las personas.

ODUSALUD declara que la priorización del Real Decreto 16/2012 no es garantía de un ahorro económico para las administraciones públicas, ya que en ningún caso ha sido evaluado y demostrado públicamente. En cambio, si puede afirmar que su aplicación supuso la exclusión sanitaria de un total de 1.338 personas (según 11º Informe ODUSALUD), generando un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunidad Valenciana.

Odusalud insta a los partidos políticos que firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública a todas las personas que viven en España, a que se involucren en el rechazo del RD 16/2012.

El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal

•    El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
•    La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
•    Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

Madrid/ Nueva York, 14/11/2017.  Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Para leer el comunicado completo, pincha aquí.

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en contra de la devolución del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras

Una sentencia del TSJIB ha anulado la Instrucción del director general del Servicio de Salud de las IB de 17 de julio de 2015 que establecía los trámites para garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes.

El TSJIB estima que las razones humanitarias "no pueden justificar ni permitir el quebrantamiento de la legalidad, que reconoce únicamente al Estado y no a las comunidades autónomas la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud".

Igualmente apoya su posición en "un claro quebrantamiento del principio de jerarquía normativa" establecida por el articulo 9.3 de la Constitución, que prohíbe que las disposiciones de inferior rango contradigan las de nivel superior.

El Govern de les Illes Balears ha comunicado la presentación inmediata de un recurso contra esta sentencia y el mantenimiento de los efectos de la Instrucción anulada, hasta que la sentencia no se haga firme.

Igualmente se une al llamamiento que hacen otros gobiernos autonómicos, partidos políticos y numerosas entidades de la sociedad civil, como las adheridas a REDER y ODUSALUD, para que el Gobierno de España derogue el RDL 16/2012 como causa de la exclusión sanitaria.

La instrucción ahora anulada se publicó inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo gobierno balear en línea con las medidas tomadas por otros gobiernos autonómicos para contrarrestar la exclusión sanitaria que estableció tres años antes el RDL 16/2012 en el conjunto del estado.

El Gobierno de España puso en marcha iniciativas judiciales parecidas contra todas estas normativas autonómicas dirigidas a restablecer el derecho universal a la asistencia sanitaria. Algunas de ellas, como el Decret Llei 3/2015 del Govern Valencià, están pendientes de decisiones de diferentes órganos judiciales como el Tribunal Constitucional.

La Salud es un derecho. Trabajemos para garantizarlo

Con este lema, el pasado 14 de septiembre, ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en situación irregular.

Durante la concentración, el grupo de Sensibilización y Formación de ODUSalud, realizó una Performance, para responder a los mitos que se han ido extendiendo en los últimos años con respecto al derecho de acceso a la sanidad.

Este es el texto del Manifiesto leído en el acto:

"Como todos los años este mes de septiembre nos reunimos para recordar que hace cinco años se publicó el RDL 16/2012, bien conocido como el Decreto de la Exclusión Social.  Este Decreto que reformaba los servicios de salud públicos, dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunidad Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado español, excluyéndolos totalmente de Sistema Nacional de Salud, según datos ofrecidos por el Gobierno. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, exponiéndoles a una situación de total vulnerabilidad.

Desde la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants denunciamos que dicho R.D.L. vulnera  directamente el derecho a la salud, un derecho universal vinculado al derecho a la vida y  la integridad física reconocidos en los tratados y recomendaciones internacionales de los mecanismos regionales e internacionales de los derechos humanos. Recordamos que el Consejo de Europa calificó esta reforma sanitaria “contraria al principio de no discriminación”.

Las organizaciones sociales que formamos la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants, los profesionales socio-sanitarios y las 86 entidades que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana hemos denunciado y testimoniado  todas las situaciones de vulneración del derecho a la Salud que se han producido y siguen produciéndose en nuestra Comunidad.

Dentro de estas vulneraciones son especialmente graves las que se producen por falta de atención a mujeres embarazadas, niñas y niños; atenciones, que según el propio decreto tienen garantizada la cobertura sanitaria.

En la atención en urgencias,  también garantizada en el propio real decreto, se han producido denegaciones de asistencia poniendo en riesgo la vida de estas personas.

En nuestra Comunidad autónoma, con la entrada del nuevo Gobierno en el año 2015, se iniciaron acciones encaminadas a la recuperación del acceso a la sanidad universal, pública y gratuita. No obstante, mientras exista esta legislación en vigor en todo el territorio español el derecho a la salud sigue sin estar garantizado.

Por ello exigimos al Gobierno Autonómico que aumente su esfuerzo para aplicar en todos los casos su propia normativa en este campo y  la máxima implicación para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.

Mientras exista una legislación estatal que permita, avale y defienda la exclusión del acceso al derecho a la salud, alegando la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud, sin aportar ni un solo análisis detallado y ponderado, las organizaciones que componemos la mesa no dejaremos de  denunciar la ilegitimidad de la aplicación de dicha ley. Mantenemos nuestro compromiso por conseguir una Sanidad Universal, pública y gratuita en España para todas las personas.

¡NO AL DECRETO ESTATAL DE LA EXCLUSIÓN!

-Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants-

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lo avalan

 

Los grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.

Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.

“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.

Cinco años de RDL 16/2012

En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio.

Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.

Firmantes del Pacto
El “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).

Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.

Concentración por la derogación del Decreto de Exclusión Sanitaria

Como en años anteriores, este mes de septiembre nos volvemos a reunir para recordar que hace 5 años se publicó el RDL 16/2012, que dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunitat Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado Español. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, exponiéndolas a una situación de total vulnerabilidad.

Nos unimos a la Mesa d'Entitas amb els inmigrants y denunciamos que dicho R.D.L. vulnera directamente el derecho a la salud. Por eso invitamos a todas las personas que viven en la ciudad de València a sumarse a la concentración para reclamar la anulación de este decreto que genera un apartheid sanitario y pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables.

Te esperamos este jueves 14 de septiembre a las 19 h en la Plaza de la Virgen para gritar que la "SALUD ES UN DERECHO".

ODUSALUD participa I Jornades del Consell de Salut República Argentina

El grupo de formación, información y sensibilización de ODUSALUD ha participado en la I Jornades de Portes Obertes del Consell de Salut República Argentina durante los días 20,21 y 22 de junio.

El objetivo principal  de la actividad dar a conocer la situación del derecho a la salud en Comunidad Valenciana; y al mismo tiempo, dar a conocer nuestra plataforma.

      

ODUSALUD recoge hasta 169 casos de desatención que desmienten la universalidad de la atención sanitaria

Según su XIII Informe, se mantiene la desinformación de la población sobre sus derechos de acceso a la sanidad en la Comunitat Valenciana.

La falta de formación homogénea del personal de admisión y los trabajadores sociales produce desigualdad en el acceso a la atención sanitaria.

Con motivo de la publicación de su XIII Informe de incidencias, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) ha mostrado su preocupación por la existencia ininterrumpida de casos de desatención sanitaria durante 2016, de los cuales el informe recoge una muestra de 169. La persistencia de estas situaciones demuestra que la atención sanitaria aún no es universal y que se siguen produciendo casos de negativa directa al ejercicio del derecho a la asistencia (un 61 por ciento de las incidencias detectadas fueron de este tipo).

En cuanto al perfil de e las personas afectadas, en su mayor parte (53 %) se encuentran en situación administrativa regularizada, lo que rompe la falsa imagen de que las personas sin derecho a la atención sanitaria son migrantes en situación irregular. Se dan casos de desatención sanitaria tanto en personas originarias de la Unión Europea (sobre todo rumanas), como de países firmantes de convenios de colaboración con la Seguridad Social Española, especialmente de origen marroquí. Otro grupo serían quienes se encuentran en situación administrativa regular por reagrupación familiar o por ser familiares de ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España. Se siguen detectando incidencias relacionadas con menores (12 %), pese a que la legislación española ha mantenido en todo momento su derecho a la asistencia sanitaria, igual que para mujeres embarazadas y solicitantes de asilo. La mayor parte de las incidencias han sido registradas en los centros de salud (77 %). El informe señala como causa las situaciones de desatención sanitaria la desinformación y la ausencia de criterios claros y unificados a aplicar por el personal de admisión de los centros sanitarios. En esa situación, el personal de admisión aplica criterios propios, no siempre ajustados a la normativa en vigor, que producen desigualdad y vulneración del derecho reconocido a la asistencia sanitaria.

En su compromiso de velar por el cumplimiento del Decreto Ley 3/2015 y como miembro de la Comisión Mixta encargada de su seguimiento, ODUSALUD sigue exigiendo a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mayor información a la población sobre este derecho y una formación adecuada, homogénea y permanente del personal sanitario, de admisión y de los trabajadores sociales en este tema. Esta formación debe garantizar que el personal “recibe una referencia e instrucciones homogéneas, claras y detalladas sobre los procedimientos que se deben seguir en cada caso, para garantizar el acceso a la Atención Sanitaria a todas aquellas personas que tienen este derecho en nuestra comunidad, en especial las poblaciones más vulnerables”. Del mismo modo, es imprescindible y urgente adecuar la aplicación informática en uso en los centros sanitarios al contenido del DL 3/2015 de la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, ODUSALUD constata que en la actual situación son las entidades sociales y la solidaridad quienes están supliendo con su esfuerzo esas carencias de formación de información y los problemas relacionados con las aplicaciones informáticas, para garantizar el derecho a la atención sanitaria. Para el Observatorio es imprescindible “garantizar que los menores de edad, mujeres embarazadas, en parto o postparto, así como cualquier persona afectada de urgencia por una enfermedad grave o accidente, sean atendidas hasta el alta médica, sin exigir la acreditación previa de ninguna otra condición de tipo administrativo, ni recibir facturación por la asistencia recibida”.
ODUSALUD anima también al Govern Valencià a implicarse aun más para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 “por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables”.

En este informe y en materia de atención sanitaria a grupos vulnerables, la plataforma insta “al Gobierno español al cumplimiento de sus obligaciones como firmante de diferentes tratados en materia de refugio y protección internacional, así como a tomar, con la antelación necesaria, las medidas que garanticen a las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos” tal como corresponde a los compromisos internacionales adquiridos.

Puedes acceder al XIII Informe y a su resumen ejecutivo aquí.

ODUSALUD convoca dos actos con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor del RD 16/2012

Se realizará una acción de calle en la plaza ante delegación del Gobierno el próximo miércoles, 3 de mayo, a las 18 h 

El jueves, 4 de mayo, se proyectará el documental Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam”

ODUSALUD ha convocado, para la próxima semana dos actos con motivo del quinto aniversario del Real Decreto Ley 16/2012 que eliminó el acceso universal a la atención sanitaria en el Estado Español.

Con este motivo, y para recordar a la ciudadanía la necesidad de derogar este Real Decreto y revertir las medidas que impuso hace ahora un lustro, el próximo miércoles tendrá lugar una acción de calle ante la Delegación del Gobierno de Valencia, en la Plaza de los Pinazo. El acto bajo el título: ¿Desmontamos los 5 mitos de la reforma sanitaria estatal?, mostrará a los viandantes las realidad de no asistencia sanitaria que siguen padeciendo algunas personas en el territorio del Estado. El acto tendrá lugar a partir de las 18 horas. Se retransmitirá en directo vía Twitter.

Del mismo modo, el jueves, tendrá lugar la proyección del documental “Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam” con un posterior cineforum. El acto tendrá lugar a las 19 horas en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Pesset (Plaça Forn de Sant Nicolau, 2).

Personas excluidas de la sanidad se reúnen mañana en Madrid

Esta iniciativa, de Yo Sí Sanidad Universal parte del contacto con personas excluidas que quieren conseguir el reconocimiento de su derecho a la asistencia sanitaria de forma colectiva, para así intentar que el sucesivo reconocimiento del derecho de muchas personas de forma individual consiga finalmente el reconocimiento general para todas, y a la vez contribuir a la visibilización de las distintas formas de exclusión sanitaria que continúan produciéndose en nuestro país.

Las personas excluidas por el INSS son aquellas que tienen permiso de residencia emitido a partir de abril de 2012, pero no cumplen con los requisitos para tener la condición de aseguradas o beneficiarias de un familiar. Entre ellas, se encuentran personas que han obtenido su permiso de residencia por reagrupación familiar o como familiares de ciudadanos de la Unión Europea, personas europeas que se han registrado en el Registro General de Extranjeros después del 24 de abril de 2012 (situación que afecta especialmente a personas de origen rumano), personas con permiso de residencia que no incluye permiso de trabajo y menores que dependen de éstas.

Mañana, 4 de marzo a las 18 h en el centro social "La Villana de Vallekas" se realizará la primera asamblea de personas afectadas interesadas en denunciar al INSS, para empezar a pensar la estrategia colectiva y valorar necesidades de apoyo legal en función del número de personas interesadas.

Convoca: Yo Sí Sanidad Universal
Lugar: La Villana de Vallekas
Dirección: c/ Montseny 35 - Madrid
Metro: Puente de Vallecas, Nueva Numancia
Más información:  yosi.sanidaduniversal@gmail.com

En este sentido, hemos publicado en este mismo blog, la Sentencia número 27 de 2017 del Juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Barcelona en la que se desestima el recurso de alzada de la demandante "contra la resolución desfavorable de tarjeta de familiar de residente de ciudadano de la Unión". Puedes consultarla en la sección "Normativa", de nuestro Archivo.

En realidad, la sentencia, "no entra a valorar si deben tener o no seguro médico los familiares de ciudadanos de la UE; lo que dice es que la Administración se ha saltado el cauce legal porque en lugar de extinguir debió, en su caso, revocar, e iniciar el cauce legal por ahí", según nos informa nuestra asesora jurídica.

Odusalud recuerda a la Generalitat la necesidad de exigir al Gobierno la derogación del Real Decreto Ley 16/2012

ODUSALUD se ha dirigido en estos días por escrito a la consellera de Sanitat y a los cinco grupos con representación parlamentaria en Les Corts para reclamarles una actitud decidida a la hora de exigir al Gobierno estatal la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 y restituir un verdadero sistema sanitario público universal que garantice el acceso a la sanidad a todas las personas.

Las entidades de la sociedad civil encuadradas en ODUSALUD, aunque conscientes de la posición del Gobierno central en este tema, consideran que la situación política actual ofrece la oportunidad de revertir la exclusión sanitaria generada por el RDL 16/2012.

En este sentido, ODUSALUD ha entendido la necesidad de realizar este recordatorio cuando estamos a las puertas de la celebración de un nuevo Consejo Interterritorial de Sanidad que será convocado en las próximas semanas para abordar este tema. El escrito remitido por ODUSALUD expresa su “preocupación por los rumores sobre la intención de la nueva ministra de Sanidad de rescatar la propuesta del anterior titular en marzo de 2015, limitando a la atención primaria el acceso a la asistencia sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular”.

Del mismo modo, ODUSALUD considera “inaceptable desde un punto de vista ético y sanitario un acuerdo en este sentido, que pudiera cerrarse entre las CCAA y el Gobierno central en el marco del Consejo Interterritorial, para estratificar derechos básicos como este, en función de la situación administrativa de las personas”.

El escrito afirma también que “limitar a atención primaria el acceso a la asistencia de personas y grupos excluidos rompe la continuidad, la integridad y la coordinación asistencial imprescindibles en cualquier sistema sanitario con unos mínimos de calidad”. ODUSALUD considera que el resultado de  esta medida sería “incongruente e inefectivo desde el punto de vista sanitario”.

Es por ello que desde ODUSALUD se considera que la “única salida a esta situación es garantizar normativamente y en la práctica el acceso universal a la salud en el conjunto del Estado español”.

Asimismo, ODUSALUD ha ofrecido su “apoyo a las actuaciones que desde el Gobierno Valenciano, los Grupos Parlamentarios u otras instancias políticas y sociales se realicen con el objetivo de restablecer el derecho efectivo a la asistencia sanitaria universal en el conjunto del Estado español”.

ODUSALUD sigue recordando a la Conselleria su compromiso y obligación de atención sanitaria a todos los menores y embarazadas extranjeras

En la última reunión de la Comisión Mixta de seguimiento, la Fundación Secretariado Gitano, integrada en ODUSALUD, informó sobre los graves problemas y obstáculos que sufren menores de origen rumano y algunas embarazadas extranjeras para ser atendidos en los centros sanitarios públicos valencianos.

En la Comunitat Valenciana existe una bolsa de menores rumanos, mayoritariamente de etnia gitana, con irregularidades o carencias en su documentación. Esta circunstancia crea dificultades para su acceso a la asistencia sanitaria integral y gratuita. Fundación Secretariado Gitano estima que sólo en la ciudad de Valencia viven alrededor de 300 niños y niñas afectados por este problema.

Por su parte, un número no determinado de embarazadas extranjeras tienen problemas para acceder a la asistencia sanitaria por este mismo motivo. Además, una parte de estas mujeres desconoce su derecho a ser atendidas. La situación se agrava cuando se trata de menores de entre 15 y 18 años embarazadas, cuyos tutores no residen en España y que viven con la familia de su pareja. Algunas tienen miedo de evidenciar su situación ante una trabajadora social.

Recordemos que incluso el Real Decreto Ley 16/2012, que recortó los derechos a la asistencia sanitaria, lo mantuvo para menores, embarazadas y personas extranjeras afectadas por enfermedades graves e infecciosas.

ODUSALUD sigue reclamando que, en cumplimiento de la normativa estatal y autonómica vigente y del compromiso político explícito de la Conselleria de Sanitat Universal, prevalezca la condición de menor o embarazada para el acceso gratuito  a la asistencia sanitaria, sobre cualquier otra circunstancia de orden administrativo que pueda afectar a estas personas.

Para conocer el informe completo elaborado por fundación Secretariado Gitano puedes clicar aquí.