En consecuencia, desde ODUSALUD consideramos muy positivo el anuncio hecho por la consellera Carmen Montón el pasado jueves 16 de julio, en el sentido de “extender el acceso al sistema sanitario de los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana” de modo inmediato, así como su intención de presentar “al Consell una norma que plasmará y detallará el contenido de la medida”.
Algunos de los aspectos ya adelantados por la Conselleria para la aplicación de esta medida, como la asignación de médico de familia, el acceso a la atención especializada, el cuidado de la continuidad asistencial, y la cobertura de la prestación farmacéutica y ortoprotésica, apuntan en la dirección adecuada para limitar la exclusión y la inequidad.
También valoramos como extraordinariamente importante el compromiso de la consellera de continuar “el trabajo y la reivindicación para conseguir que el derecho a la universalidad sea reconocido en España con las máximas garantías legales” y “defender esta postura ante el Gobierno de España en el próximo Consejo Interterritorial”. Una línea de trabajo que se dirige acertadamente al ámbito y la raíz de la exclusión sanitaria producida por el RDL 16/2012.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado los fallos de la administración y los servicios sanitarios en la aplicación del Programa Valenciano de Protección a la Salud puesto en marcha ahora hace 2 años. Fallos que impidieron al Programa alcanzar sus propios objetivos, que, aunque limitados, hubieran permitido al menos evitar la exclusión sanitaria de miles de personas, y que no evitaron la persistencia de compromisos de pago o exigencia de facturas injustas, cuyos efectos negativos producidos exigimos sean restituidos.
Por ese motivo, de la administración entrante esperamos, además de las intenciones ya expresadas, una decidida voluntad política para aplicarlas, todo el empeño en resolver los problemas de procedimiento que puedan presentarse en su aplicación y mecanismos activos para la detección de estos problemas y de sus consecuencias para las personas afectadas.
Entretanto, ODUSALUD mantendrá activo su registro de casos con la finalidad de confirmar la garantía del ejercicio efectivo del derecho a la asistencia sanitaria y la posible persistencia de situaciones y prácticas que puedan mantener a personas y grupos en situación de exclusión sanitaria.
De las instrucciones anunciadas para la próxima semana y la forma de aplicar dicho acuerdo, esperamos que minimicen la burocracia y promuevan un funcionamiento más humanizado, para evitar la prolongación del sufrimiento de las personas más vulnerables que por la aplicación del RDL 16/2012 en nuestra Comunidad Autónoma, no han tenido posibilidad de acceso a un derecho fundamental como es el de la Protección de la Salud.
También valoramos como extraordinariamente importante el compromiso de la consellera de continuar “el trabajo y la reivindicación para conseguir que el derecho a la universalidad sea reconocido en España con las máximas garantías legales” y “defender esta postura ante el Gobierno de España en el próximo Consejo Interterritorial”. Una línea de trabajo que se dirige acertadamente al ámbito y la raíz de la exclusión sanitaria producida por el RDL 16/2012.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado los fallos de la administración y los servicios sanitarios en la aplicación del Programa Valenciano de Protección a la Salud puesto en marcha ahora hace 2 años. Fallos que impidieron al Programa alcanzar sus propios objetivos, que, aunque limitados, hubieran permitido al menos evitar la exclusión sanitaria de miles de personas, y que no evitaron la persistencia de compromisos de pago o exigencia de facturas injustas, cuyos efectos negativos producidos exigimos sean restituidos.
Por ese motivo, de la administración entrante esperamos, además de las intenciones ya expresadas, una decidida voluntad política para aplicarlas, todo el empeño en resolver los problemas de procedimiento que puedan presentarse en su aplicación y mecanismos activos para la detección de estos problemas y de sus consecuencias para las personas afectadas.
Entretanto, ODUSALUD mantendrá activo su registro de casos con la finalidad de confirmar la garantía del ejercicio efectivo del derecho a la asistencia sanitaria y la posible persistencia de situaciones y prácticas que puedan mantener a personas y grupos en situación de exclusión sanitaria.
De las instrucciones anunciadas para la próxima semana y la forma de aplicar dicho acuerdo, esperamos que minimicen la burocracia y promuevan un funcionamiento más humanizado, para evitar la prolongación del sufrimiento de las personas más vulnerables que por la aplicación del RDL 16/2012 en nuestra Comunidad Autónoma, no han tenido posibilidad de acceso a un derecho fundamental como es el de la Protección de la Salud.