noviembre 27, 2014

La Conselleria dice que no le consta que haya personas no atendidas

Tras la difusión del Noveno Informe del Observatorio, la Conselleria de Sanitat ha afirmado -aquí lo que difundió Europa Press- que "no tiene constancia de los casos denunciados, por lo que no es posible cotejar la veracidad de dicho dato". También afirma que ha mantenido contacto en reiteradas ocasiones con Odusalud para ofrecer "nuestra más estrecha colaboración, solicitándoles de forma expresa que ante cualquier reclamación que detecte sobre atenciones a extranjeros nos la comuniquen, para poder dar inmediata solución a cada una".

Para las entidades adheridas a ODUSALUD, 74 en estos momentos, la obligación de la Conselleria es garantizar a través de los centros sanitarios de financiación pública la asistencia sanitaria de los ciudadanos y las ciudadanas. En su doble vertiente de proveedor de servicios sanitarios y de autoridad sanitaria, también tiene el deber de verificar el cumplimiento de este derecho, así como estudiar y remediar las consecuencias que tiene la exclusión sanitaria sobre la salud de las personas.

La Conselleria no ha puesto en marcha ni una sola medida activa o pasiva para cuantificar la exclusión sanitaria, para determinar las situaciones de incumplimiento de la normativa vigente o para conocer los grupos a los que afecta. No ha tenido ningún interés en conocer el impacto que tiene la exclusión sanitaria sobre la salud de las personas. Pese a que el Programa Valenciano de Salud es una iniciativa de la propia Conselleria, tampoco ha impulsado su conocimiento y su difusión dentro o fuera de los centros sanitarios y así facilitar su aplicación.

Ha sido la sociedad civil, con iniciativas como ODUSALUD, quien ha puesto en pie estas medidas. Tanto para conocer y dar a conocer, incluso a la propia Conselleria, la magnitud y las consecuencias de la exclusión sanitaria, como para difundir el conocimiento sobre el Programa Valenciano de Protección a la Salud y mejorar su aplicación.

Al incumplir sus obligaciones en todos estos aspectos, entendemos que, la Conselleria está desautorizada para negar la evidencia de una exclusión sanitaria a la que ha vuelto la espalda y de cuyas consecuencias se ha desentendido.