Hoy hemos hecho público el
décimo informe coincidiendo con el 3er aniversario de la publicación del Real decreto 16/2012, a un mes de las elecciones y 24 días después de que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, anunciara la reforma de dicho decreto.
En cuanto a la propuesta anunciada por el ministro Alonso para atender a las personas sin tarjeta sanitaria, destacamos su escasa definición y su carácter aun más restrictivo.
En estos 19 meses de vigencia, sólo han sido admitidas el 6% de las 78.000 personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria y, con ello, el derecho universal a la salud. Si extrapolamos el resultado obtenido por el Programa Valenciano de protección de la Salud a los datos del conjunto del estado los planes del Ministerio
sólo beneficiarían alrededor de 52.400 personas de las 873.000 a las que se retiró su tarjeta sanitaria.
Para el Observatorio es muy preocupante que, lejos de disminuir,
siguen aumentando los casos de menores no atendidos. Si en el Noveno Informe denunciábamos 22 incidencias (de mayo a noviembre de 2014),
en éste se han registrado 41 en un período mucho menor (de noviembre de 2014 a abril de 2015). En total,
desde que entró en funcionamiento el registro, se han contabilizado 135 casos de menores.
Ante la cercanía de las próximas elecciones, proponemos, al Gobierno de la Generalitat Valenciana, el actual y el que salga de las urnas, que:
- ponga en marcha acciones que garanticen el acceso de todas las personas a los servicios sanitarios públicos. Que elimine las barreras administrativas, como los compromisos de pago por la asistencia prestada en estos servicios.
- aplique una solución definitiva al grave problema de los menores a quien se niega o limita el derecho a la asistencia sanitaria.
- haga efectiva la transparencia en los datos relacionados con la población a la que se garantiza o no su derecho a la asistencia sanitaria y su acceso a la misma.
- emprenda las acciones necesarias para paliar las consecuencias sobre las personas afectadas por la exclusión sanitaria, así como todas aquellas en el ámbito de su competencia e influencia para reconocer, promover e impulsar el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria y la derogación del RDL 16/2012.
A los ayuntamientos, que pongan en marcha mecanismos que
faciliten el empadronamiento de todas las personas que habitan en su municipio, eliminando barreras administrativas y burocráticas que dificulten el ejercicio de los derechos de sus habitantes
