Radiografía de la Reforma Sanitaria: La Universalidad de la Exclusión

Cuando el Gobierno se plantea una rectificación legal, las organizaciones de REDER presentan sus líneas rojas y documentan más de 1.500 casos de personas afectadas

Las organizaciones que integramos la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) hemos reunido, entre enero de 2014 y julio de 2015, más de 1500 casos de personas que han visto vulnerado su derecho humano a la salud como consecuencia de la exclusión sanitaria a inmigrantes en situación irregular. 

Los datos aportados por las organizaciones que integran la red a lo largo y ancho del territorio español incluyen, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares, 8 de otro tipo de enfermedades degenerativas, más 28 casos potencialmente mortales si no reciben el adecuado tratamiento sanitario y 27 de personas con graves problemas de salud mental.

Acede al informe completo y al resumen ejecutivo

• Radiografia de la Reforma Sanitaria. La universalidad de la exclusión
• Resumen Executiu
• Resumen Ejecutivo  

Más información sobre el trabajo e integrantes en el sitio REDER



En el canal Youtube de Médicos del Mundo puedes ver testimonios de personas afectadas por la reforma sanitaria en distintas comunidades.
    

Incumplimiento sistemático de las excepciones protegidas

A pesar de que el RDL establece una mínima salvaguarda que permite la atención sanitaria en el embarazo, parto y posparto, a los menores de edad y en urgencias, estas excepciones se incumplen sistemáticamente. REDER ha documentado 109 casos de menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria; 232 incidencias en urgencias, (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas.

Familiares ascendientes: perdidos en un laberinto jurídico y legal

REDER ha documentado hasta 25 casos de personas en esta situación entre las que se cuentan casos de cardiopatías, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas potencialmente mortales, artritis y otros reumatismos o necesidad de seguimiento de operaciones quirúrgicas realizadas en el país de origen, todas ellas desatendidas.

La desinformación como negación de un derecho

Después de tres años desde la entrada en vigor de esta norma, son muchas las personas que siguen acudiendo a las organizaciones integrantes de REDER en busca de información sobre su derecho a recibir algún tipo de atención sanitaria a través de la red pública (un 12% del total de casos registrados corresponde a esta categoría de incidencias). A esta cifra hay que sumar un 22% de personas que no habían tramitado su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho. Por último, un 12% corresponde a quienes se ha denegado la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que maneja el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea. 

La ineficacia de una legislación parcheada

Las diferentes fórmulas para ampliar las excepciones del RDL puestas en marcha por algunas comunidades autónomas se han mostrado insuficientes. Durante el periodo de la muestra, al menos un 73% de los casos proceden de comunidades donde existían programas o normativa autonómica creados ad hoc para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria. 

Consecuencias sobre el Sistema Nacional de Salud

Con la reforma sanitaria de 2012 toma cuerpo una política discriminatoria que se ensaña con los sectores más vulnerables de la población, particularmente inmigrantes en situación irregular (68% de los casos registrados por REDER), pero también ciudadanas y ciudadanos comunitarios con pocos recursos (14% de los casos registrados).

Las consecuencias alcanzan a la eficacia del modelo público de salud, puesto que la reforma sanitaria ha conllevado una pérdida de calidad de la gestión sanitaria, una marcada descoordinación entre niveles asistenciales, y, lo que es más grave, un deterioro de la atención médica, puesto que impide el seguimiento de enfermedades crónicas e ignora la importancia los programas de prevención, con el consecuente riesgo tanto para los y las pacientes como para el conjunto de la población. 

La aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 (RDL) ha tenido también efectos indirectos en la población inmigrante que sí tiene regularizada su residencia, ya sea porque es víctima del efecto disuasorio y atemorizante de las actuaciones administrativas o por la ausencia de campañas informativas por parte de las administraciones públicas.

Quién forma REDER

REDER es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su cumplimiento. Forman parte de REDER 300 miembros (personas a título individual y organizaciones sociales), como la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Médicos del Mundo, el Observatorio del Derecho Universal a la salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), Andalucía Acoge, la Plataforma Salud Universal Aragón, la Plataforma Per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública (FDASP), CESIDA, la Asociación de Refugiados e Inmigrantes de Perú (ARI-PERÚ) o la Red Transacional de Mujeres (NetworkWoman). Más información: www.reder162012.org

Algunas de las organizaciones que integran REDER llevan tres años documentando y difundiendo cifras y datos del impacto de la exclusión sanitaria en la vida de las personas. A través de esta red de ámbito estatal, han sumado sus esfuerzos para dejar constancia definitivamente de que las situaciones de desatención médica y desamparo provocadas por la reforma sanitaria de 2012 no son casos excepcionales

1.338 casos de inatenciones sanitarias en la Comunitat Valenciana

• Exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud.
• El Programa Valenciano de protección de la salud benefició en dos años a 4.680 personas y la nueva ley autonómica en un mes a 2.214
• El DL 3/2015 no aborda algunas situaciones que pueden ser casa de exclusión sanitaria

Hemos difundido nuestro Undécimo Informe coincidiendo con los 3 años de implantación del Real Decreto ley 16/2012. Dos años después del ineficaz Programa Valenciano de Protección de la Salud y un mes después de que el Consell de la Generalitat Valenciana aprobara el Decreto Ley 3/2015 que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat seguimos exigiendo la derogación del Real Decreto de exclusión sanitaria que es el origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud.

En el 11 Informe se valora muy positivamente la aprobación del DL 3/2015 y el compromiso del nuevo gobierno de exigir la derogación del RDL 16/2015. Aún así, y pese a que en las disposiciones adicionales se prevén procedimientos especiales para solucionar la carencia de alguna documentación y el estudio de la gratuidad temporal en algunas circunstancias, la nueva ley autonómica no aborda algunas situaciones que pueden ser origen de casos de exclusión:

• la imposibilidad del acceso a la asistencia sanitaria de los ascendientes que, pese a no encontrarse en situación irregular, tampoco son reconocidos como asegurados-beneficiarios por el INSS.
• personas que pueden haber vivido durante años en España, deben justificar un periodo de empadronamiento mínimo de tres meses en la Comunitat Valenciana. 
• se mantiene la exigencia de un documento que acredite la imposibilidad de importar a España el derecho a la asistencia sanitaria, a los naturales o residentes de países miembros de la UE o con convenios bilaterales. A menudo la obtención de ese documento está dificultada o imposibilitada por causas administrativas, geográficas y económicas. Hemos constatado multitud de casos en los que, como consecuencia, las personas procedentes de esos países se encuentran en una situación aun más desfavorable que las procedentes de otras zonas del mundo.

El registro de incidencias de Odusalud se inició en noviembre de 2012. En estos casi 3 años nuestros datos son:

• 1.338 notificaciones o incidencias
• 144 casos de menores desatendidos
• de las 78.000 personas a las que se les retiró la tarjeta sanitaria, sólo un 8% solicitó su inclusión en el Programa Valenciano de Protección de la Salud. 
• En dos años, sólo el 6% de los posibles beneficiarios accedió al programa, 4.680 según comunicó la Conselleria en abril de 2015. 
• Sin embargo, la nueva ley autonómica, ha beneficiado ya a 2.214 personas. 

Pocas semanas después de publicarse el Decreto Ley 3/2015 del Consell es aun pronto para evaluar su alcance, su aplicabilidad y la efectividad de los procedimientos o circuitos establecidos para su aplicación. Por supuesto también es pronto para medir su impacto, el directo sobre la exclusión sanitaria y el indirecto sobre la salud individual y colectiva de los grupos de población excluidos y del conjunto de la población. También es necesaria una colaboración decidida de otras instancias, como los ayuntamientos recién constituidos y los servicios sociales de cualquier nivel, para detectar activamente bolsas de exclusión sanitaria, así como para facilitar e informar sobre los trámites y la documentación exigida para acceder al derecho efectivo a la asistencia sanitaria.

Como afirmamos en el informe, el Observatorio mantendrá la notificación de vulneraciones del derecho  universal a la atención sanitaria en la Comunitat así como su compromiso de informar a la Sociedad Civil y sus instituciones de las consecuencias del mismo.

Pedimos al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal

De cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra mañana 29 de julio

Junto a Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC y Sespas pedimos a las autoridades acuerdos urgentes para reformar la legislación

Seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará mañana 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC, Sespas y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines -que contienen el listado de recomendaciones internacionales- al Ministro y a los y las representantes de las Consejerías de sanidad autonómicas participantes en la reunión.


Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.

Exigimos medidas definitivas, no parches
En las últimas semanas, tres autonomías -Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares- han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o comunidades como Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del Ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al Ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el RDL 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.



Información adicional
Los mecanismos internacionales que han instado a las autoridades a garantizar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación son: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; la Relatora Especial de extrema pobreza y derechos humanos; el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes; el Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Comité Europeo de Derechos Sociales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica y 9 países en el marco del mecanismo de Examen Periódico Universal

Valoración del Acuerdo de Atención Sanitaria Universal anunciado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

ODUSALUD se constituyo con el objetivo de “velar por el cumplimiento del derecho universal a la protección de la salud de los ciudadanos, especialmente en poblaciones que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, personas en situación irregular, sin recursos económicos o personas vulnerables”.

En consecuencia, desde ODUSALUD consideramos muy positivo el anuncio hecho por la consellera Carmen Montón el pasado jueves 16 de julio, en el sentido de “extender el acceso al sistema sanitario de los extranjeros en situación irregular en las mismas condiciones que el resto de usuarios de la red pública valenciana” de modo inmediato, así como su intención de presentar “al Consell una norma que plasmará y detallará el contenido de la medida”.

Algunos de los aspectos ya adelantados por la Conselleria para la aplicación de esta medida, como la asignación de médico de familia, el acceso a la atención especializada, el cuidado de la continuidad asistencial, y la cobertura de la prestación farmacéutica y ortoprotésica, apuntan en la dirección adecuada para limitar la exclusión y la inequidad.

También valoramos como extraordinariamente importante el compromiso de la consellera de continuar “el trabajo y la reivindicación para conseguir que el derecho a la universalidad sea reconocido en España con las máximas garantías legales” y “defender esta postura ante el Gobierno de España en el próximo Consejo Interterritorial”. Una línea de trabajo que se dirige acertadamente al ámbito y la raíz de la exclusión sanitaria producida por el RDL 16/2012.

Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado los fallos de la administración y los servicios sanitarios en la aplicación del Programa Valenciano de Protección a la Salud puesto en marcha ahora hace 2 años. Fallos que impidieron al Programa alcanzar sus propios objetivos, que, aunque limitados, hubieran permitido al menos evitar la exclusión sanitaria de miles de personas, y que no evitaron la persistencia de compromisos de pago o exigencia de facturas injustas, cuyos efectos negativos producidos exigimos sean restituidos.

Por ese motivo, de la administración entrante esperamos, además de las intenciones ya expresadas, una decidida voluntad política para aplicarlas, todo el empeño en resolver los problemas de procedimiento que puedan presentarse en su aplicación y mecanismos activos para la detección de estos problemas y de sus consecuencias para las personas afectadas.

Entretanto, ODUSALUD mantendrá activo su registro de casos con la finalidad de confirmar la garantía del ejercicio efectivo del derecho a la asistencia sanitaria y la posible persistencia de situaciones y prácticas que puedan mantener a personas y grupos en situación de exclusión sanitaria.

De las instrucciones anunciadas para la próxima semana y la forma de aplicar dicho acuerdo,  esperamos que minimicen la burocracia y promuevan un funcionamiento más humanizado, para evitar la prolongación del sufrimiento de las personas más vulnerables que por la aplicación del RDL 16/2012 en nuestra Comunidad Autónoma, no han tenido posibilidad de acceso a un derecho fundamental como es el de la Protección de la Salud.

Charla sobre salud y el sistema sanitario en YMCA

El Programa de atención integral de la población inmigrante del Barrio de Aiora nos ha invitado a participar en una charla junto a los compañeros y compañeras de la asociación valenciana de usuarios de la sanidad.

El próximo 9 de julio en la sede de YMCA, calle Duc de Gaeta, 18 bajo.