Este decreto y sus decretos subsiguientes han supuesto además el recorte de prestaciones sanitarias para la población general, como las orto protésicas, acceso a medicación y otros que; como siempre; afectan más a población con menos recursos, independientemente de su origen. Los motivos económicos, esgrimidos por el gobierno y nunca probados, enmascararon entonces motivos ideológicos; desapareciendo el concepto de derecho para ser sustituido por criterios burocráticos y mercantilistas que, insisto, no han sido demostrados con estudios; aderezando la reforma además con mensajes a la población con tintes racistas- como poco- y que tuvieron su nicho y su efecto en la población general. Este decreto, fue enmarcado dentro de las políticas de austeridad que comprendieron además disminución muy importante de las prestaciones sociales; o políticas drásticas relacionadas con el empleo-o más bien el desempleo- o con la vivienda- o la falta de la misma; ha abocado a la población más vulnerable a una situación de verdadera catástrofe, con un aumento de las desigualdades no visto desde hace años en nuestro país.
Asimismo, la mayoría de comunidades autónomas pusieron en marcha normas autonómicas; algunas con rango de decreto y otras como instrucciones. Prácticamente todas ellas han sido ilegalizadas por el gobierno del estado español, que ha utilizado el peso pesado del aparataje judicial – en forma de Tribunal Constitucional- para derogar la práctica totalidad de las normas autonómicas ; con la base judicial de acotar el tipo de prestaciones considerando estas una competencia estatal, y de manera totalmente intencionada, para realizar una recentralización de las competencias en sanidad, recortando las competencias de las comunidades autónomas.
No ha sido impedimento para el gobierno que la mayoría de organismos de Derechos Humanos (Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, grupo de la OMS de expertos en africanos y afrodescendientes, Comité europeo contra el racismo y la intolerancia) haya considerado la medida como regresiva, grave, no justificada bajo criterios económicos, carente de ética y que afecta a un amplio grupo poblacional; siendo además peligrosa para la población bajo criterios de Salud Pública. El gobierno continúa manifestando su intención de no derogar o modificar el RDL.
Es la población migrante ha sufrido de forma más aguda este aumento de las desigualdades; agravado por las políticas migratorias y por las ingentes dificultades para su regularización, autentica forma de violencia “burocrática”. Una consecuencia indirecta de toda esta situación y una auténtica catástrofe ha supuesto la muerte de Mbama Mbaye, inmigrante senegalés cuya situación administrativa no estaba regularizada a pesar de llevar 14 años en nuestro país, superviviente y finalmente víctima de todas las vulneraciones.
Y en este contexto de exclusión y desigualdad social el estado no solamente apuesta por excluir de la sanidad pública a un porcentaje de la población, que también contribuye a pagarla (con sus impuestos indirectos, ya que así es como se financia la sanidad pública del SNS español ); sino que también está realizando una clara apuesta por el fomento de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública; en los últimos presupuestos generales del estado el porcentaje a invertir en Sanidad es del 5,8 del PIB; siendo el más bajo de los últimos años ( en 2011 era del 9,5%) ; combinado esto con un aumento de la inversión en la sanidad privada. Como muestra destaca la reciente composición del nuevo Consejo Asesor de Sanidad de la ministra Dolors Montserrat en la que predominan los miembros procedentes del sector privado, en detrimento de los procedentes de los estamentos públicos; y a pesar de que estos nombramientos han supuesto el enérgico rechazo de asociaciones científicas como SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública) o Marea Blanca ( (Montserrat se ha “ fichado un lobby empresarial privado de farmacéuticas y hospitales privados”)
No tenemos, pues, motivos para la alegría y si, en cambio, para continuar la lucha contra el RDL / vulneraciones de derechos; con todos los medios de que disponemos como sociedad civil; estos también recortados a golpe de reales decretos y de tribunales. Desde el Observatorio en defensa del derecho a la salud (ODUSALUD) no dejaremos de hacerlo.
Comisión Permanente Odusalud
