Con este lema, el pasado 14 de septiembre, ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en situación irregular.
Durante la concentración, el grupo de Sensibilización y Formación de ODUSalud, realizó una Performance, para responder a los mitos que se han ido extendiendo en los últimos años con respecto al derecho de acceso a la sanidad.
Este es el texto del Manifiesto leído en el acto:
"Como todos los años este mes de septiembre nos reunimos para recordar que hace cinco años se publicó el RDL 16/2012, bien conocido como el Decreto de la Exclusión Social. Este Decreto que reformaba los servicios de salud públicos, dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunidad Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado español, excluyéndolos totalmente de Sistema Nacional de Salud, según datos ofrecidos por el Gobierno. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, exponiéndoles a una situación de total vulnerabilidad.
Desde la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants denunciamos que dicho R.D.L. vulnera directamente el derecho a la salud, un derecho universal vinculado al derecho a la vida y la integridad física reconocidos en los tratados y recomendaciones internacionales de los mecanismos regionales e internacionales de los derechos humanos. Recordamos que el Consejo de Europa calificó esta reforma sanitaria “contraria al principio de no discriminación”.
Las organizaciones sociales que formamos la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants, los profesionales socio-sanitarios y las 86 entidades que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana hemos denunciado y testimoniado todas las situaciones de vulneración del derecho a la Salud que se han producido y siguen produciéndose en nuestra Comunidad.
Dentro de estas vulneraciones son especialmente graves las que se producen por falta de atención a mujeres embarazadas, niñas y niños; atenciones, que según el propio decreto tienen garantizada la cobertura sanitaria.
En la atención en urgencias, también garantizada en el propio real decreto, se han producido denegaciones de asistencia poniendo en riesgo la vida de estas personas.
En nuestra Comunidad autónoma, con la entrada del nuevo Gobierno en el año 2015, se iniciaron acciones encaminadas a la recuperación del acceso a la sanidad universal, pública y gratuita. No obstante, mientras exista esta legislación en vigor en todo el territorio español el derecho a la salud sigue sin estar garantizado.
Por ello exigimos al Gobierno Autonómico que aumente su esfuerzo para aplicar en todos los casos su propia normativa en este campo y la máxima implicación para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.
Mientras exista una legislación estatal que permita, avale y defienda la exclusión del acceso al derecho a la salud, alegando la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud, sin aportar ni un solo análisis detallado y ponderado, las organizaciones que componemos la mesa no dejaremos de denunciar la ilegitimidad de la aplicación de dicha ley. Mantenemos nuestro compromiso por conseguir una Sanidad Universal, pública y gratuita en España para todas las personas.
¡NO AL DECRETO ESTATAL DE LA EXCLUSIÓN!
-Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants-
