ODUSALUD denuncia y se opone a la presentación por el gobierno Rajoy de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2015 del Consell por el que regula el acceso universal a la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana.
ODUSALUD denuncia el empecinamiento del gobierno Rajoy al haber presentado ayer un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2015 del Consell por el que regula el acceso universal a la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana.
A la vez apoya y exige la defensa por vías políticas y judiciales de una normativa como el DL 3/2015, mejorable, pero que ha abierto a decenas de miles de personas la posibilidad de ejercer el derecho efectivo a la asistencia sanitaria.
Desde el Observatorio se espera que, desde sus primeras actuaciones hasta la decisión final en esta materia, el Tribunal Constitucional anteponga el derecho básico a la asistencia sanitaria de toda persona frente a otras consideraciones competenciales, evitando así los graves efectos que se producirían de otro modo sobre la salud y la vida de decenas de miles de personas.
El Observatorio del derecho universal a la salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD), creado en otoño de 2012, está formado por 81 entidades ciudadanas, profesionales, científicas y de acción social valencianas, unidas en su defensa del derecho básico y efectivo a la asistencia sanitaria para toda persona que reside en territorio español.
ODUSALUD ha reiterado la necesidad de que se derogue el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, que produjo la exclusión sanitaria de 900.000 personas y rompió con el modelo de cobertura universal del Sistema Nacional de Salud.
ODUSALUD ha denunciado la grave situación en la que se encuentran las personas y colectivos afectados por la exclusión sanitaria, como son las personas extranjeras sin permiso de residencia. Un hecho que viene a agravar su vulnerabilidad social, económica, laboral y de salud.
ODUSALUD valoró positivamente la publicación del Decreto Ley 3/2015 del Consell, como una respuesta necesaria a la situación de exclusión sanitaria existente hasta ese momento. El DL 3/2015 se alinea con iniciativas en el mismo sentido producidas en otras comunidades autónomas. Pese a algunas diferencias entre ellas, en conjunto definen la voluntad mayoritaria de la sociedad por el restablecimiento de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, basado en criterios de equidad y solidaridad y financiación pública por la vía fiscal.
El gobierno español no quiere atender esa voluntad social y política, del modo más claro en el que puede hacerlo: derogando el RDL 16/2012. Por el contrario, se dispone a presentar contra el DL 3/2015 un recurso de inconstitucionalidad por invasión de competencias, como ya hizo en su momento contra iniciativas similares de los gobiernos vasco y navarro.
