El Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana presenta su séptimo informe coincidiendo con el segundo aniversario de la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012 que sustituyó, el 20 de abril de 2012, el Derecho Universal por una prestación condicionada a la situación administrativa y de empleo de los ciudadanos. En el Séptimo informe, se analizan los datos recogidos desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 31 de marzo. La Conselleria de Sanitat comunicó la puesta en marcha del Programa Valenciano de Protección a la Salud el 31 de julio de 2013, pero las incidencias recogidas siguen demostrando que ambas medidas, el RD y el PVPS son ineficaces y hay muchos ciudadanos a los que se les está denegando atención sanitaria.
Los datos que se desprenden del informe en estos 6 meses:
- se han notificado 213 personas no atendidas
- el 15% de las incidencias corresponde a menores de edad
- el 57% de las incidencias afecta a mujeres
- sólo el 51% de las notificaciones se refiere a personas en situación administrativa irregular. El 49% restante corresponde a residentes comunitarios, a personas con permiso de residencia y a españoles (3%)
Destacan, por tanto, las incidencias relacionadas con los ciudadanos procedentes de países de la Unión Europea, más de la cuarta parte de las incidencias comunicadas afecta a ciudadanos comunitarios, entre ellos los españoles. Aumentan las notificaciones de población de origen rumano, debido al aumento de entidades participantes en el Observatorio, sobre todo las que trabajan con esas poblaciones.
Otro dato preocupante es el aumento de incidencias en menores de edad, pese a que la legislación actual mantiene el Derecho, en estos últimos seis meses se han notificado 32 casos de menores no atendidos en centros sanitarios públicos, poco más de la mitad de todos los casos notificados desde que se inició la recogida de datos desde el Observatorio.
Las situaciones más graves detectadas, al igual que en informes anteriores, se relacionan con la falta de acceso de pacientes a pruebas diagnósticas, a una continuidad adecuada o al tratamiento efectivo. En algunos casos se trataba de limitaciones económicas y en otras de tipo administrativo.
En buena parte de los casos registrados, se evidencia importantes carencias en formación e información acerca de los cambios normativos y administrativos que se han producido con la entrada en vigor del RDL 16/2012, por parte del personal del servicio de salud, los pacientes y las entidades sociales.
Desde noviembre de 2012 que se constituyó ODUSALUD como plataforma colaborativa para recoger situaciones de exclusión sanitaria, se han publicado periódicamente los informes en los que se evidencia que la reforma perjudica a los grupos de población más vulnerables o que se encuentran en riesgo de exclusión, aunque por ley tengan derecho.
Este desconocimiento y la falta de seguimiento por los responsables de los servicios sanitarios de la forma en que se aplica la normativa, provocan situaciones de exclusión grave e injustificada.
