Los 6 informes elaborados por el Observatorio desde noviembre de 2012 ponen de manifiesto que son las personas más vulnerables como las migrantes sin trabajo, quienes han perdido su derecho a la salud... Se han detectado casos de niños a quienes se factura la atención sanitaria (aunque esté garantizada por la Ley del menor), embarazadas que no son atendidas por no tener tarjeta sanitaria, enfermos crónicos.... En otras comunidades se ha producido incluso una muerte como la de Alpha Pam, en Palma de Mallorca. Estas situaciones se producen desde la aplicación del Real Decreto Ley 16/2012 y Real Decreto 1192/2012 que condicionan la asistencia sanitaria a la situación administrativa y de empleo de los ciudadanos.
Para los integrantes de ODUSALUD, excluir del derecho a la asistencia sanitaria a los sectores más desfavorecidos por su origen o su situación administrativa se opone completamente a la obligación que tienen las administraciones públicas de proporcionar respuestas adaptadas a las necesidades de salud de las personas. Sólo un sistema de salud público financiado por la vía fiscal y accesible a todas las personas puede garantizar una sanidad equitativa, que proporcione a cada cual la asistencia que precise para mantener, mejorar o recuperar su salud.
