- 14º Informe de ODUSALUD desvela la aplicación incompleta del Decreto Ley 3/2015
- La falta de instrucciones claras y la arbitrariedad en la aplicación del Decreto Ley ha seguido provocando que personas queden al margen de la atención sanitaria
- Las incidencias muestran la desinformación de los servicios de admisión de los centros sanitarios
- Es especialmente grave la denegación de atención sanitaria a menores y embarazadas
Valencia,
10 de septiembre de 2018
ODUSALUD (Observatorio del
Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana) ha lanzado su 14º
Informe que recoge 173 incidencias de vulneración
de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana durante 2017 y el primer semestre de 2018.
Los casos registrados
corresponden a personas en situación administrativa irregular, residentes de la
Unión Europea y personas españolas en situación de exclusión como las
principales afectadas. El estudio indica que los lugares donde se registran más
incidencias son València y provincia; con el 48 % y el 17 % respectivamente.
Las causas fundamentales de
las inatenciones sanitarias vienen provocadas principalmente por aplicación
arbitraria del Decreto Ley 3/2015 que regula el acceso universal en Comunitat
Valenciana. Se sigue constatando desinformación entre el personal de los
servicios de admisión de los centros sanitarios y ausencia de criterios claros
en el proceso de tramitación de las solicitudes de asistencia sanitaria que
realizan las áreas de Trabajo Social de los centros sanitarios, aunque existe
un protocolo de actuación de reciente creación para los/as trabajadores/as
sociales del sistema sanitario, cuyos resultados están pendientes de evaluar.
De los casos de personas en
situación administrativa irregular encontramos personas que no pueden ser
identificadas por irregularidades en su documentación (la caducidad, sustracción
o pérdida del pasaporte o la Tarjeta de Identidad de Extranjero) y personas con
dificultades para certificar su residencia en nuestra comunidad.
Otras incidencias detectadas
en el estudio de personas en situación administrativa regular son las personas
no atendidas por causa de una reagrupación familiar o ser familiar de ciudadano
de la Unión Europea con residencia en España después la entrada en vigor del RD
16/2012, a quienes se les deniega la asistencia sanitaria, pese a tener
regularizada su situación de residencia. Entre estas incidencias se encuentra
un menor de edad, una mujer embarazada y una persona con enfermedad mental.
Con especial relevancia, el
estudio destaca la inatención de personas en situaciones en las que la
inasistencia médica, la ausencia de tratamiento o la falta de acceso a la
medicación pueden tener graves consecuencias sobre la salud de la persona y su
entorno más inmediato, así como en salud pública. La falta de sensibilidad o de
adecuación a estas situaciones, las empeora determinando agravamiento de la
enfermedad, ingresos por urgencias o incluso la muerte. Se han registrado un
total de 18 casos de los cuales 7 tienen una enfermedad infecciosa y 4
presentan enfermedad mental.
Asimismo, se han registrado
casos de personas en situación de vulneración extrema con problemáticas
sociales graves asociadas y a las que les ha sido denegado el acceso al sistema
sanitario. Son personas en situación de sin hogar y otras que, aun teniendo
hogar, tienen graves dificultades económicas y en muchos casos, dificultad de
documentación original para demostrar su residencia independientemente de su
nacionalidad. La acumulación de problemáticas sanitarias muy graves,
económicas, administrativas y de falta de red de apoyo, hacen que estos casos
tengan muy mal pronóstico.
El informe muestra en su
apartado de casos resueltos que de los 173 casos declarados en ODUSALUD, entre
2017 y primer semestre del 2018, solo se han podido calificar como resueltos 54
casos, es decir un 31 % del total de las incidencias. Muchas de las situaciones
denunciadas por ODUSALUD se solventan gracias a la intervención de las
entidades del Tercer Sector, que siguen cubriendo un espacio no asegurado, ni
garantizado por la sanidad pública.
ODUSALUD considera que a pesar
de la voluntad positiva de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
en defensa del Derecho a la Salud, 173 incidencias todavía son demasiadas
teniendo en cuenta que hemos estado bajo
el amparo de Decreto Ley 3/2015 durante 2017. La plataforma insiste que es
necesario que la Conselleria refuerce los procedimientos y formación necesarias
dentro de la administración pública, con especial atención en los servicios de
admisión de los centros de salud como en las áreas de trabajo social, para
consensuar criterio únicos y eficaces a la hora de garantizar el acceso a la
atención sanitaria de todas las personas.
