Según su XIII Informe, se mantiene la desinformación de la población sobre sus derechos de acceso a la sanidad en la Comunitat Valenciana.
La falta de formación homogénea del personal de admisión y los trabajadores sociales produce desigualdad en el acceso a la atención sanitaria.
Con motivo de la publicación de su XIII Informe de incidencias, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) ha mostrado su preocupación por la existencia ininterrumpida de casos de desatención sanitaria durante 2016, de los cuales el informe recoge una muestra de 169. La persistencia de estas situaciones demuestra que la atención sanitaria aún no es universal y que se siguen produciendo casos de negativa directa al ejercicio del derecho a la asistencia (un 61 por ciento de las incidencias detectadas fueron de este tipo).En cuanto al perfil de e las personas afectadas, en su mayor parte (53 %) se encuentran en situación administrativa regularizada, lo que rompe la falsa imagen de que las personas sin derecho a la atención sanitaria son migrantes en situación irregular. Se dan casos de desatención sanitaria tanto en personas originarias de la Unión Europea (sobre todo rumanas), como de países firmantes de convenios de colaboración con la Seguridad Social Española, especialmente de origen marroquí. Otro grupo serían quienes se encuentran en situación administrativa regular por reagrupación familiar o por ser familiares de ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España. Se siguen detectando incidencias relacionadas con menores (12 %), pese a que la legislación española ha mantenido en todo momento su derecho a la asistencia sanitaria, igual que para mujeres embarazadas y solicitantes de asilo. La mayor parte de las incidencias han sido registradas en los centros de salud (77 %). El informe señala como causa las situaciones de desatención sanitaria la desinformación y la ausencia de criterios claros y unificados a aplicar por el personal de admisión de los centros sanitarios. En esa situación, el personal de admisión aplica criterios propios, no siempre ajustados a la normativa en vigor, que producen desigualdad y vulneración del derecho reconocido a la asistencia sanitaria.
En su compromiso de velar por el cumplimiento del Decreto Ley 3/2015 y como miembro de la Comisión Mixta encargada de su seguimiento, ODUSALUD sigue exigiendo a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mayor información a la población sobre este derecho y una formación adecuada, homogénea y permanente del personal sanitario, de admisión y de los trabajadores sociales en este tema. Esta formación debe garantizar que el personal “recibe una referencia e instrucciones homogéneas, claras y detalladas sobre los procedimientos que se deben seguir en cada caso, para garantizar el acceso a la Atención Sanitaria a todas aquellas personas que tienen este derecho en nuestra comunidad, en especial las poblaciones más vulnerables”. Del mismo modo, es imprescindible y urgente adecuar la aplicación informática en uso en los centros sanitarios al contenido del DL 3/2015 de la Generalitat Valenciana.
Por otro lado, ODUSALUD constata que en la actual situación son las entidades sociales y la solidaridad quienes están supliendo con su esfuerzo esas carencias de formación de información y los problemas relacionados con las aplicaciones informáticas, para garantizar el derecho a la atención sanitaria. Para el Observatorio es imprescindible “garantizar que los menores de edad, mujeres embarazadas, en parto o postparto, así como cualquier persona afectada de urgencia por una enfermedad grave o accidente, sean atendidas hasta el alta médica, sin exigir la acreditación previa de ninguna otra condición de tipo administrativo, ni recibir facturación por la asistencia recibida”.
ODUSALUD anima también al Govern Valencià a implicarse aun más para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 “por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables”.
En este informe y en materia de atención sanitaria a grupos vulnerables, la plataforma insta “al Gobierno español al cumplimiento de sus obligaciones como firmante de diferentes tratados en materia de refugio y protección internacional, así como a tomar, con la antelación necesaria, las medidas que garanticen a las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos” tal como corresponde a los compromisos internacionales adquiridos.
Puedes acceder al XIII Informe y a su resumen ejecutivo aquí.
