enero 12, 2015

Acción jurídica contra el Real Decreto Ley 16/2012

Desde hace meses desde ODUSALUD, a través de nuestro Grupo de formación, información y sensibilización junto a los profesionales de la Sección de Derechos Humanos y extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) se ha estado trabajando en la elaboración de unas Guías jurídicas, unos manuales básicos de actuación para proteger los derechos de los ciudadanos que se quedan sin cobertura sanitaria en la Comunitat Valenciana.

El pasado 27 de noviembre realizamos unas Jornadas formativas para explicar el contenido de las Guías jurídicas y el trabajo que se había realizado hasta ese momento. Del debate generado y con las aportaciones realizadas por las personas asistentes, se revisaron los protocolos de actuación que ya ponemos a vuestra disposición.

En el menú horizontal de este blog, hemos incorporado una pestaña que se llama Acción jurídica en la que podéis encontrar el Protocolo general elaborado por los abogados de la Sección de Derechos Humanos y extranjería del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia con los anexos derivados del mismo y los Protocolos específicos con anexos correspondientes a cada supuesto

Los protocolos responden a los casos de vulneración del Derecho a la Salud por incumplimiento del Real Decreto ley 16/2012 y también por incumplimiento del Programa Valenciano de Protección de la Salud -PVPS-, en defensa de pacientes de nacionalidad rumana, de ascendientes de ciudadanos de la Unión Europea o en los casos que no están protegidos ni por el Real Decreto ley ni por el PVPS. 

Para cada uno de los supuestos se recomiendan distintas acciones ante las siguientes hipótesis:
  • por inasistencia sanitaria
  • en el caso de obligación de cumplimentar la hoja conocida como "compromiso de pago"
  • en el caso de tener que defenderse con la legislación vigente para evitar el pago de una facturación indebida por asistencia sanitaria.
Los materiales que os dejamos en la sección Acción jurídica deben ser revisados y adaptados a situaciones específicas de cada comunidad autónoma, aunque puede servir de gran ayuda a las asociaciones que luchan en todo el estado por la derogación del mismo.





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